La Asociación Tierra Bonita ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) contra la negativa, por parte del Gobierno de Canarias, de entregarle copia de las actas y las grabaciones de las reuniones mantenidas por los comités científico y de dirección del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (PEVOLCA) previas a la erupción del volcán Tajogaite, del que el próximo 19 de septiembre se cumplirán cuatro años.
La citada asociación informa en un comunicado que “quiere esclarecer por qué antes de la catástrofe no se avisó a la población de que la zona de mayor riesgo de erupción había cambiado de lugar, hacia el norte, poniendo en peligro así a barrios y caseríos que no habían sido si quiera convocados a reuniones informativas sobre cómo afrontar esta situación”.
En una información que publica el digital planetacanario.com, Tierra Bonita pretende aclarar “por qué tampoco hubo evacuación antes de que comenzara el proceso eruptivo pese a las evidencias de que era inminente”.
Este colectivo destaca que “ni siquiera en la rueda de prensa que ofreció el entonces presidente del Cabildo de La Palma, Mariano Hernández Zapata, dos horas antes de la erupción, se mencionó este avance del magma hacia el norte, de lo cual existía constancia científica, por lo que esta información se ocultó a la población que estaba en peligro”.
La acción judicial se dirige contra dos resoluciones de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, dictadas este año 2025, que deniegan a la opinión pública —y especialmente a los afectados— el acceso a esta documentación.
Tierra Bonita sostiene que estas decisiones “han vulnerado derechos reconocidos en la legislación estatal y autonómica en materia de transparencia, dejando a los damnificados en completa indefensión para exigir responsabilidades por la falta de evacuación temprana, a pesar de que, según los recurrentes, existían indicios claros de inminencia de la erupción que además fueron advertidos a las autoridades”.
Por ello, acusa al Gobierno canario de la pasada legislatura y al actual Ejecutivo de mantener “oculta y secuestrada” la documentación que recoge las deliberaciones científicas y políticas del PEVOLCA. La Administración autonómica ha sostenido hasta ahora que no se trata de información de relevancia pública, sino de carácter confidencial.
Estos argumentos son simples “excusas”, según entiende Tierra Bonita y recuerda que la propia normativa prevé la posibilidad de anonimizar los documentos en caso de contener datos sensibles.
“Resulta absurdo que se alegue que el comité científico del PEVOLCA es un mero órgano de apoyo, cuando en realidad su papel es determinante en la gestión de este tipo de emergencias”, como tampoco es aceptable el razonamiento de que la difusión de las deliberaciones disuadiría a los científicos de participar en este comité.
La controversia se intensificó en junio de 2024, cuando el Ejecutivo regional afirmó que no existían actas de las reuniones de los comités científico y de dirección del PEVOLCA, pese a que el reglamento del plan establece expresamente su obligatoriedad. Hasta entonces, en una página web del propio Gobierno se habían publicado unos escuetos informes bajo la denominación de actas.
Ante esta contradicción, Tierra Bonita plantea una cuestión de fondo: “¿Cómo se puede gestionar una crisis volcánica sin levantar actas de las reuniones? ¿En qué se basaron las decisiones de no elevar el nivel de la emergencia ni evacuar antes de la erupción?”.
La asociación también critica que las decisiones políticas adoptadas durante la catástrofe no consten respaldadas por informes técnicos ni jurídicos. “Esta opacidad preventiva de la Administración solo busca evitar que la ciudadanía damnificada exija responsabilidades por no haber sido advertida de que el riesgo se extendía más al norte del Valle de Aridane de lo que había trascendido, ni haber sido evacuada antes del inicio de la erupción”.
Tierra Bonita asegura que ha agotado todos los recursos en vía administrativa. La asociación se dirigió a la comisionada para la Transparencia, Noelia García Leal —alcaldesa de Los Llanos de Aridane cuando la erupción del volcán— y después a a la Dirección General de Seguridad y Emergencias. Ante las respuestas negativas, por lo que “no ha quedado otra opción que acudir a la vía judicial”.
“La práctica totalidad de las asociaciones de damnificados y vecinales de la zona afectada han considerado un fracaso la aplicación del PEVOLCA en esta erupción desde la perspectiva de la protección civil, pese a la propaganda en contrario, al punto de exigir que no se entreguen premios ni reconocimientos a sus responsables, y, por supuesto, que se hagan públicas las actas y grabaciones”, concluye.
Fotos: Facundo Cabrera para puentedemando.com
