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Una aclaración a propósito del petrolero «Monte Udala»

Quede claro, pues parece que se ha entendido como un ataque personal, que no tenemos absolutamente nada en contra de Alejandro Aznar Sainz, presidente del  Grupo Ibaizábal, de la patronal Anave y del Clúster Marítimo Español, quien merece y tiene nuestro respeto. En esta misma sección nos hemos hecho eco de su interés por relanzar la Marina mercante española, un empeño que consideramos titánico, sino utópico, en las actuales circunstancias. Hacemos esta aclaración a propósito del artículo publicado el pasado 11 de junio, titulado “Sigue la sangría: Monte Udala, matrícula de Madeira”.

Como es objetivo legítimo de todo empresario que defiende sus intereses, en el sector que nos ocupa abandera sus buques donde lo estime oportuno, bien sea por decisión propia o porque pudieran existir otros condicionantes, si el país de referencia no le ofrece las mejores garantías para el ejercicio de su actividad. Puede que no guste, pero hay una realidad y es que se trata de una empresa privada que arriesga su capital en un negocio sujeto a importantes condicionantes y fluctuaciones, la mayoría de las veces de carácter internacional, además de una extrema agresividad con frecuencia desleal, en un ambiente muy competitivo y en estos momentos, todo indica que el marco regulador nacional no es lo suficientemente atractivo.

Que Alejandro Aznar haya decidido construir unos petroleros en España hay que valorarlo en su justa medida, quizás no tanto por el hecho de que el proyecto sea coreano –entendemos que se trata de una cuestión de costes, entre otros aspectos– y la importación de determinados equipos del citado país asiático, si tenemos en cuenta la demostrada capacidad y experiencia tecnológica de la industria naval española, de las empresas auxiliares y de la propia Navantia; cuanto por los beneficios que ello tiene para el empleo directo e indirecto, frente a la competencia atroz de los astilleros asiáticos, en la que los hechos han demostrado desde hace años la vulnerabilidad en la que se encuentra el sector público nacional. Entiéndalo así Navantia y no se moleste si cuestionamos algunos aspectos. 

Que una parte de los armadores y navieros españoles tengan sus flotas, o parte de ellas, abanderadas en otros pabellones europeos o de conveniencia, obedece a varias razones y habría que preguntarse por qué se ha llegado a esta situación. Entre ellas está la estructura de los costes de explotación y de personal, las cargas fiscales y un largo etcétera de condicionantes. Pero también hay un factor político, sobre el que incidiremos a continuación. Recién salidos de una crisis dolorosa, en el que algunas empresas del sector han naufragado y otras han conseguido mantenerse a flote a duras penas, pensamos sinceramente que bien pudiera haberse arbitrado un camino alternativo que favoreciese su continuidad en mejores condiciones, dada la importancia y trascendencia que tiene el transporte marítimo.

Esta situación, en el fondo, no es otra cosa sino el reflejo de la decadencia en la que se encuentra la Marina mercante española y la falta de voluntad política, que se ha prolongado en el tiempo, pues salvo en muy contadas ocasiones, quienes han estado al frente y sus respectivos gobiernos no han  demostrado el interés debido por el sector. Sencillamente no han creído en la Marina mercante y no se han esforzado en la búsqueda de soluciones, en la defensa y potenciación de la flota y con ella del empleo nacional y la bandera española, al contrario de lo que sucede en otros países europeos. De haber sido así, quizás ahora estaríamos hablando de otras cosas e incluso puede que hasta enorgulleciéndonos justo de lo contrario.

Se habla de la necesidad de revisar y potenciar el Segundo Registro de Canarias. Si ello es así, dada la situación en que se encuentra, ¿por qué no se aceleran los trámites y se llega a un acuerdo satisfactorio, que devuelva la ilusión al sector?. Si es que realmente existe interés en mantener y recuperar lo que queda de la Marina mercante española y el Segundo Registro se convierte en una una herramienta factible para ello, de modo que sea competitivo, genere y consolide confianza y empleo y tenga el equilibrio necesario frente a los inmediatos competidores, léase Madeira, Malta o Chipre, por citar sólo a algunos, en los que se encuentra una parte de la flota controlada, ¿a qué están esperando?. Conocemos los planteamientos de la patronal ANAVE en su ahínco para reclamar la revisión del marco normativo, aunque echamos en falta mayor energía por parte de la Dirección General de la Marina Mercante como voz autorizada y nexo de unión que devuelva la ilusión al sector. 

Y ahí está, fundamentalmente, el objeto de nuestra crítica que, por lo visto, ha levantado ampollas. No vamos a perder el tiempo en otras consideraciones, pero sí decimos que nos entristece ver que haya buques de nueva construcción en astilleros españoles, encargados por navieras españolas con más de un siglo de tradición, como es el caso de Ibaizábal, que saldrán a navegar enarbolando otra bandera que no será la española, como es el caso del petrolero «Monte Udala», con todo lo que ello implica, porque, entre otras poderosas razones, el marco legal no es atractivo ni competitivo. Y por eso decimos que aquí algo falla. 

No se trata de una cuestión de un patriotismo trasnochado –nada más lejos de nuestra intención ni es nuestro estilo–, pero sí de creer en nuestro país y de que quienes realmente tienen poder de decisión lo demuestren con hechos y sean capaces de enmendar el rumbo y piensen, primero y principal, en el beneficio de la Marina mercante, en las empresas navieras como generadoras de empleo, en la profesionalidad de las tripulaciones españolas y en la capacidad de la industria naval. Algo que no es nuevo y que ya ha sucedido en otras ocasiones a lo largo de nuestra historia marítima contemporánea. Sería bueno releer lo acontecido en tiempos pretéritos. A partir de entonces quizás dejaremos de ser tomistas.  

Foto: Navantia

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