Pocas novedades en el primer semestre de 1930 en el libro de actas de la corporación municipal de Fuencaliente. Sin embargo, en el pleno celebrado el 7 de julio ya se aprecian tensiones, al considerar el Ayuntamiento “excesiva” la cantidad de 1.600 pesetas consignadas en presupuesto para la subvención del alumbrado público “y habiéndose requerido al dueño de la misma”, Abraham Bienes Pérez, para que la dejase en 100 pesetas mensuales, es decir, 1.200 pesetas/año, “dicho señor manifestó que estaba de acuerdo”, comprometiéndose, asimismo, a la instalación de cinco luces más de 16 bujías “pero con la condición de empezar la luz desde el oscurecer hasta las 10 de la noche” y siendo deseo del Ayuntamiento que los domingos se apagara a medianoche, no hubo acuerdo con Abraham Bienes “por ser perjudicial para sus intereses” la diferencia de dos horas.
Este asunto disgustó a un sector del Ayuntamiento y, por mayoría, acordó suprimir el alumbrado público a partir del 12 de julio, decisión a la que el concejal Florencio Díaz Cabrera se mostró en contra, “sólo por hallarse guiada la mayoría de esa corporación de pasiones políticas, pues claramente está demostrado el dejar a un pueblo sin alumbrado que hace dos años gozaba de dicho beneficio”.
En sesión extraordinaria del 27 de agosto siguiente -presidida de modo accidental por Pedro Hernández Monterrey- se informa, en primer término, de un escrito del delegado del Gobierno en La Palma, en el que se hace referencia al asunto del corte de la luz en Fuencaliente y después de considerar que “contra este acuerdo presentó razonado voto” el concejal Díaz Cabrera, la delegación considera que “se ha obrado de ligero” por la corporación de Fuencaliente, pues el citado acuerdo ocasionaba perjuicios al vecindario “al privarlo de elemento tan necesario como el alumbrado” y sobre la base de esta consideración reclamó con urgencia una resolución definitiva “teniendo muy presente los compromisos que haya adquirido la corporación con el proveedor de la luz”.
El concejal Mateo Hernández de Paz pidió que se hiciera constar en acta la “ilegalidad cometida” por los concejales que votaron a favor de la supresión del alumbrado, incidiendo que “todo ello por el solo hecho de que el dueño que suministra dicho fluido no es amigo de los caciques del pueblo”.
El teniente de alcalde Blas Pestana Díaz y los concejales León Gómez Armas, Pedro González Pérez y Cipriano Díaz Martín manifestaron que “se afirman en todas sus partes” con lo expuesto en la sesión del 7 de julio anterior, en la que se acordó suprimir el alumbrado público. El primer teniente de alcalde, Pedro Hernández Monterrey, intervino y comentó una serie de razones favorables al mantenimiento del alumbrado público, adhiriéndose el concejal Cornelio Cabrera Hernández.
La corporación volvió a discutir el 17 de noviembre sobre el alumbrado del pueblo. Abraham Bienes solicitó que se le concediera la contratación directa del citado servicio. Faltan concejales a la sesión “sin causa justificada”. Se dio lectura a la instancia presentada por el señor Bienes, en la que éste alegaba una serie de razones y condiciones sobre este servicio industrial -1.200 pesetas anuales, 30 lámparas de 16 watios en el pueblo, encendido diario excepto domingos desde el oscurecer hasta las 22 horas y los domingos hasta las 14 horas; contrato por diez años, multa de 10 pesetas por cada tres días de “apagón” consecutivo y una peseta por cada lámpara no encendida; prohibición a otro industrial para que instale un servicio similar en ese plazo, extensión del horario en caso necesario, etcétera- y en sus conclusiones, el pleno acordó acceder al contenido de la instancia, absteniéndose en la votación el alcalde, por ser el suegro de Abraham Bienes.
Y fue así como se mantuvo el alumbrado público en el pueblo de Fuencaliente.
Bibliografía:
Díaz Lorenzo, Juan Carlos (1994). Fuencaliente. Historia y tradición. Ayuntamiento de Fuencaliente y Cabildo Insular de La Palma. Ediciones La Palma. Madrid.
Foto: archivo de Juan Carlos Díaz Lorenzo