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La querella del remolque en Las Palmas destapa la caja de los truenos

La querella presentada por Remolcadores y Barcazas de Las Palmas (REBAPA), una de las empresas del Grupo Boluda contra Odiel Towage y otra siete personas físicas vinculadas en diferentes cargos al ente público Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria de Las Palmas, plantea los supuestos delitos de “malversación, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos por funcionario y delitos contra la administración pública”, según se expresa en el auto de fecha 20 de agosto de 2020. La caja de los truenos a cuenta del pliego del remolque se ha destapado con contundencia y promete una ruidosa tormenta.

En sus razonamientos jurídicos, la querella de la empresa del Grupo Boluda con sede en Las Palmas representada por el letrado José Antonio Choclan Montalvo y Francisco Montesdeoca Santana, considera, en relación al delito de prevaricación administrativa, que “con la finalidad de facilitar una mayor competencia en algunos servicios portuarios, todos los querellados, desde el ámbito de sus respectivas competencias –estatales o ceñidas a las propias de la Autoridad Portuaria del puerto de Las Palmas–, han maniobrado o manipulado la tramitación de unos expedientes administrativos para favorecer a la entidad Odiel Towage, hasta el punto de haber conseguido introducir un segundo operador, precisamente Odiel Towage, pero en unas condiciones desleales y discriminatorias que, en la tesis de la acusación, inducen a pensar que hay otros intereses detrás que son los que les impulsan a actuar de la manera que lo han hecho”.

En concreto, el querellante deduce que hay un “incumplimiento deliberado” del Texto Refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante (TRLPEMM) por parte de los querellados, “en relación con la obligación de aprobar los pliegos de prescripciones particulares (PPP)” de los servicios portuarios de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Con lo cual, de esta forma, “se favorece a Odiel Towage porque, el marco jurídico al que debe sujetarse la actividad que en el puerto de Las Palmas puede realizar Odiel Towage, “es mucho más favorable y beneficioso para ella, a la par que perjudicial y gravosa” para la empresa de remolque del Grupo Boluda, que considera se encuentra “en una situación de competencia desleal y discriminatoria”.

Al respecto, REBAPA considera que, de acuerdo con el TRLPEMM, “antes de otorgar una licencia para realizar un servicio básico a favor de ninguna entidad, era preciso que se redactaran o adaptaran los PPP”, como exige la disposición adicional 29ª del  citado texto refundido.

La querella entiende que Puertos del Estado debía recabar un informe de la Dirección General de la Marina Mercante sobre los proyectos de PPP de los servicios portuarios de practicaje, remolque portuario y amarre y desamarre de buques, en lo que se refiere a la seguridad marítima, teniendo en este ámbito carácter vinculante. Este informe, según detalla la querella, “resultaba perjudicial para los fines de los querellados y, por ello, de una parte, el presidente de Puertos del Estado retiene el expediente durante más de un año, para ralentizar su tramitación, y de otra, se hace una interpretación de su contenido que lo desnaturaliza, y se inventa algo que no dice el informe”.

Asimismo, se pone de manifiesto que uno de los querellados “oculta, obstaculiza o impide a las partes que intervienen en el expediente administrativo, que tengan conocimiento del contenido de aquel informe, obligándoles a acudir al Tribunal Superior de Justicia para que puedan conocerlo”. Todo esto, en la tesis de la acusación, “obedece a un plan preconcebido”, porque en el informe vinculante de la Dirección General de la Marina Mercante “se expresa que para garantizar la seguridad marítima”, es necesario que el servicio, en el ámbito del puerto de Las Palmas, “se preste por nueve remolcadores distribuidos en todos los puertos”.

Sostiene REPABA que “para conseguir los fines que pretendían”, el marco jurídico al que debía someterse Odiel Towage fueron los pliegos de bases y pliego de cláusulas de explotación del servicio portuario de remolque aprobados el 14 de noviembre de 1994 y el pliego regulador del servicio básico de remolque portuario aprobado el 26 de septiembre de 2006 por Puertos del Estado. Sin embargo, “con la finalidad de eludir el cumplimiento” del TRLPEMM y el informe preceptivo y vinculante emitido por la Dirección General de la Marina Mercante sobre seguridad marítima, “en el que se establecían unas condiciones más gravosas para lo que los querellados deseaban”, el entonces presidente de Puertos del Estado “ocultó aquel informe y tergiversó su contenido y además paralizó la sustanciación del expediente”.

REPABA afirma que el otorgamiento de la licencia que en marzo de 2020 se ha concedido a Odiel Towage “constituye un delito de prevaricación administrativa” e interpreta que la tramitación de tres expedientes de licencia, a instancia de Odiel Towage, “en tan breve periodo de tiempo es llamativo y da sentido a la conducta anterior de los querellados”. La primera solicitud se denegó en marzo de 2019, la segunda se otorgó licencia condicionada en septiembre de 2019 y la tercera y última se concedió definitivamente en marzo de 2020.

El querellante enfatiza que “la obtención de la licencia, en las condiciones y términos en los que se hace, es contraria a la ley y al interés general”. De ahí que, “según la inacción de los querellados, incumpliendo el deber legal de aprobar los PPP” del servicio de remolque en los puertos de la Autoridad Portuaria Las Palmas, “ha permitido que continúen vigentes” los pliegos de bases y prescripciones de 1994 y 2006, “que son propios de un contrato y no de una licencia y ha posibilitado que la licencia se haya concedido en las condiciones en que se ha hecho”.

En las condiciones de la licencia otorgada a Odiel Towage, se le exige, como ya se ha publicado, que preste el servicio con cuatro remolcadores en el ámbito exclusivo del puerto de Las Palmas de Gran Canaria, sin que tenga la obligación de prestar el servicio en el resto de los puertos que pertenecen a la Autoridad Portuaria de aquella provincia. Lo cual, señala la querella, “se incumple el informe sobre seguridad marítima” emitido el 7 de noviembre de 2014 por la Dirección General de la Marina Mercante, en el que por tales razones se exige un número mínimo de nueve remolcadores, es decir, seis en el puerto de Las Palmas, uno en los puertos de Arinaga y Salinetas y uno en cada uno los puertos de Arrecife y Puerto del Rosario.

Sin embargo, en la licencia otorgada a Odiel Towage se establece que sus remolcadores deberán prestar servicio únicamente en el puerto de Las Palmas. La reducción del ámbito geográfico en donde Odiel Towage puede desarrollar la actividad de remolque “es algo que ni se contemplaba” en el informe de la Dirección General de la Marina Mercante de 7 de noviembre de 2014, ni se preveía en el proyecto de PPP de enero de 2016, “por el contrario, la licencia exigía la prestación del servicio· en todos los puertos gestionados por la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de ahí que, “todo lo anterior no tiene otra finalidad que la de permitir el acceso al puerto de Las Palmas de Odiel Towage”.

La entidad querellante también considera delictiva que en septiembre de 2019 se otorgara una licencia a Odiel Towage “condicionada al cumplimiento de las prescripciones señaladas en la resolución, porque la legislación es clara al respecto: se ha de acreditar el cumplimiento de los requisitos para su otorgamiento en el momento de formular la solicitud”. Así lo entendió inicialmente la Autoridad Portuaria de Las Palmas, cuando el 1 de marzo de 2019 denegó la licencia solicitada por primera vez por Odiel Towage. “Sin embargo –prosigue la querella–, unas semanas después, cambió de criterio y la autorizó aunque condicionada. Precisamente, el otorgamiento de la licencia condicionada es algo que resulta insólito en la práctica administrativa”.

Para el otorgamiento de la licencia condicionada por la Autoridad Portuaria de Las Palmas se emitieron dos informes jurídicos, uno por el jefe de la asesoría jurídica de Puertos del Estado, que es uno de los querellados, y otro por la Abogacía General del Estado. “En la tesis de la acusación los informes parecen redactados ad hoc y el primero de ellos se le hizo llegar a Odiel Towage para que supiera que le daría un plazo de gracia para cumplir”.

Asimismo, la entidad querellante cuestiona que Odiel Towage cumpla “con otro de los requisitos imprescindibles” para el otorgamiento de la licencia, “porque notoriamente carecía  de honorabilidad y dicha conclusión se alcanza a pesar de la existencia de un informe de la Abogacía del Estado”. Otro hecho al que la acusación particular concede un “valor relevante” es que Odiel Towage “decidiera renunciar” a la segunda solicitud de licencia, aun cuando en el expediente había una propuesta de uno de los querellados de la Autoridad Portuaria de Las Palmas junto con otro querellado de Puertos del Estado, con cargos destacados en ambos casos, “dirigido a la Dirección para autorizar el inicio de la actividad” por Odiel Towage.

Por todo ello, REBAPA entiende que el otorgamiento definitivo de la licencia, “en las condiciones expresadas, es contrario a la ley y supone una clara ventaja frente a su competidor”, por lo que considera “constitutivo de un delito de infidelidad en la custodia de documentos, en su modalidad de ocultación, la retención del informe preceptivo y vinculante” emitido por la Dirección General de la Marina Mercante.

El último supuesto delito que menciona la acusación es el de “malversación de caudales públicos”, porque en su tesis, al haber desistido Odiel Towage de la licencia solicitada en 2019, “debería haber perdido el depósito constituido en su momento sin que las razones de ellos, expuesta en el otorgamiento de la licencia, convenzan a la acusación sobre la bondad de aquella”.

Por último, REBAPA también dirige su escrito contra Odiel Towage y sobre su administrador, “a quienes reprocha participar en toda la actividad delictiva y beneficiarse de ello”. En consecuencia, “pudiendo ser los hechos denunciados constitutivos de delitos de malversación, prevaricación administrativa, infidelidad en la custodia de documentos por funcionario y contra la administración pública” y reuniendo la querella los requisitos que establece el artículo 277 de la ley de Enjuiciamiento Criminal, procede su admisión a trámite y la incoación de diligencias previas, así como las actuaciones necesarias para la averiguación y esclarecimiento de los hechos, sus autores y circunstancias.

Foto: Nicolás Arocha

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