El petrolero panameño “Iballa G.”, embargado y abandonado en el puerto de Las Palmas desde septiembre de 2009, salió a subasta el 18 de julio de 2011 por un precio inicial de dos millones de euros y después de un largo proceso judicial que terminó tres años después, el 19 de junio de 2014 arribó a Tuzla (Turquía), a remolque del remolcador “Agat”. Se dijo entonces que iba a ser reparado y recuperado, aunque la realidad es que estaba sentenciado al desguace prosaico.
El armador de este buque, José Antonio Gámez Sanfiel, dedicado desde hacía años al negocio del suministro de combustible en alta mar, se había declarado insolvente y adeudaba más de cien mil euros en concepto de salarios atrasados. Siete tripulantes de diferentes nacionalidades, de los 22 iniciales, resistieron a bordo sumidos una incertidumbre en la que no sabían cómo se va a solucionar su situación.
En noviembre de 2009 se publicó la noticia de que el buque había sido vendido a otro armador y para ello debían llevar el barco a Guinea Bissau. Del resultado de la operación se les abonarían los salarios atrasados y seguirían trabajando para el nuevo propietario. Pero tal promesa no se materializó y poco después la asociación Stella Maris presentó en el juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas una demanda de embargo preventivo de los salarios de los tripulantes, como fórmula para que los afectados puedan cobrar sus haberes cuando el barco sea vendido o fletado a otros intereses.
Por lo publicado en la prensa regional, en diferentes cartas el armador José Antonio Gámez Sanfiel anunciaba la posible salida a la situación devolviendo el barco a su anterior fletador, compromiso que no se haría oficial si no se liberaba el buque de la misma compañía, «Virginia G.», retenido por las autoridades en Guinea Bissau. Se dijo que el armador habría abonado los cuatro embargos que pesaban sobre el buque «Iballa G.», dejando pendiente el pago de los salarios de los trabajadores, que entonces llevaban tres meses en Las Palmas a la espera de una solución.
En diciembre de 2009 y pese a haber conseguido el embargo del barco, la asociación no gubernamental Stella Maris seguía luchando por los derechos de sus tripulantes, que permanecían a bordo sin cobrar sus salarios. Uno de ellos se puso en huelga de hambre, al ver alejadas sus esperanzas para regresar a su casa, deponiendo su actitud tres días después.
En mayo de 2010 el buque quedó sin combustible para alimentar los motores que generan electricidad y frío a bordo. Tampoco había agua potable ni alimentos. Los roedores lo y los tripulantes pisaban con cuidado en algunas partes pues el óxido habia debilitado algunas planchas. Stella Maris les proporciona comida y agua dentro de sus posibilidades, que no son muy holgadas.
Pintado en la chimenea el nombre de Penn Group, el petrolero «Iballa G.» arribó el 24 de agosto de 2009 a Las Palmas de Gran Canaria con la intención de cargar combustible y regresar a alta mar, pero la salida se retrasó con la excusa de que el barco necesitaba algunas reparaciones. Desde hacía tiempo este petrolero estaba dedicado al suministro de gasoil y diésel a los pesqueros españoles y rusos que faenan en los caladeros de Mauritania, Senegal y golfo de Guinea.
Junto al petrolero «Iballa G.» operaba otro buque llamado «Virginia G.», de menor tamaño, que fue retenido el 21 de agosto de 2009 por las autoridades de Guinea Bissau bajo la acusación de vender combustible sin licencia, por lo que el petrolero «Iballa G.», que actuaba de nodriza, se vio obligado a regresar al puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
Las autoridades de Guinea Bissau retuvieron además a sus 12 tripulantes y confiscaron unas 500 toneladas de gasoil que contenía en sus tanques. José Antonio Gámez Sanfiel se negó a pagar la multa de 30.000 euros impuesta y además del petrolero «Virginia G.», también fueron retenidos tres pesqueros españoles que abonaron las cantidades exigidas para su liberación.
El armador prefirió denunciar la situación al Estado español antes que pagar la sanción, alegando que la licencia que tiene para operar en aquellas aguas es legal y que, por tanto, son las autoridades de Guinea Bissau las que actuaron ilegalmente. José Antonio Gámez Sanfiel se defendía diciendo que él era otra víctima más y que la quiebra de su empresa comenzó con el secuestro del petrolero «Virginia G.», pues al perderlo ya no podía trabajar con el petrolero «Iballa G.», ya que al paralizar la actividad de la compañía cayeron tres embargos sobre el buque cuando estaba atracado en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.
CEPSA, que le suministraba el combustible, lo remató con otro embargo más sobre el petrolero «Iballa G.», por importe de cinco millones de euros, para proteger la hipoteca que la compañía petrolera mantenía sobre los dos buques del armador, aunque el valor estimado de ambas petroleros no superaba el medio millón de euros.
Construido en el astillero Benetti, Viareggio (Italia), el petrolero “Iballa G.” entró en servicio en 1975 bautizado con el nombre de «Pertusola» y contraseña de Carbocoke Armamento S.p.A. Era un buque de 3.988 toneladas brutas, 2.247 toneladas netas y 7.240 toneladas de peso muerto, siendo sus principales dimensiones 116,64 m de eslora total, 16,44 m de manga, 8,92 m de puntal y 7,31 m de calado. Tenía capacidad para 8.250 metros cúbicos de carga líquida en siete tanques y estaba propulsado por dos motores GMT, con una potencia de 7.200 caballos acoplados a un eje y una velocidad de 13,5 nudos. Código IMO 7393418.
Fotos: Juan Carlos Díaz Lorenzo y Julio A. Rodríguez Hermosilla
