La patronal consignataria y estibadora del puerto de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado, por 15 votos a favor, 14 en contra y cinco abstenciones, más once ausentes “en una bronca junta”, recurrir el pliego de condiciones que aprobó la Autoridad Portuaria –de cuyo consejo forma parte–, lo que implica “denunciar a Puertos del Estado y a la totalidad del consejo (de administración) de Puertos de Las Palmas”, informa el periódico digital espiral21.com.
El trasfondo de la cuestión se refiere al nuevo pliego de condiciones para que operen las compañías de remolque Boluda y Fairplay en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, que incluye también Arinaga, Puerto del Rosario (Fuerteventura) y Arrecife de Lanzarote.
Fuentes empresariales, a las que alude el citado digital, afirman que Asocelpa “afronta la peor crisis interna de su historia reciente que llevaría a la separación de varios de los operadores de mayor peso, contrarios a emprender acciones contra la presidencia de Puertos del Estado y de la Autoridad Portuaria”.
El pliego de remolcadores, al que sucederán los de prácticos y amarradores, se inició 2018 pero “durmió el sueño de los justos” durante el año en el que Juan José Cardona (PP) estuvo al frente de la Autoridad Portuaria.
Sin embargo, con la llegada de Luis Ibarra (PSOE) a la presidencia de la Autoridad Portuaria en agosto de 2019, se retomó el expediente para la concesión de la licencia de la compañía alemana Fairplay Towage, “a la que autorizó a operar a expensas, eso sí, de que se procediera a la promulgación de una regulación que favoreciera la libre competencia” en los puertos de la provincia.
El pliego fue aprobado por unanimidad en el consejo de administración de la Autoridad Portuaria, con la excepción del presidente del Cabildo, Antonio Morales, cuya enemistad con Luis Ibarra es conocida en el sector.
Foto: Nicolás Arocha
