Un estudio de las universidades de Leipzig y La Laguna referido al puerto de Granadilla, en el que dice que se trata de una instalación “inútil e innecesaria”, no es nada nuevo. Eso ya se sabe desde hace bastante tiempo, al margen de que los investigadores –dicho sea con todo el respeto– hayan analizado ahora con enjundia académica los efectos de la construcción de esta infraestructura. Pero dado que ya existe una parte importante en la que se ha invertido mucho dinero, resulta obvio que alguna utilidad hay que darle, por lo que sería deseable que el resto que está pendiente se haga con fundamento y visión de futuro. Otra cosa es que finalmente se lleve a cabo.
La Universidad de La Laguna ha difundido un comunicado en el que los citados investigadores afirman que esta obra representa «un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario y las políticas de promoción de macro infraestructuras que caracterizaron al Estado español a partir de la década de los noventa».
El artículo, titulado «Struggles on the Port of Granadilla: defending the right to nature», aparece publicado en la revista Territory, Politics, Governance el artículo «Struggles on the Port of Granadilla: defending the right to nature». Se trata de un estudio sobre los procesos de «mercantilización de la naturaleza» y los movimientos sociales relacionados con la construcción del puerto de Granadilla.
Dicen los investigadores que el proyecto de construir un puerto en Granadilla de Abona, reactivado a finales del siglo pasado, provocó durante años una masiva contestación social en Tenerife. Su fase inicial se inauguró hace apenas dos años y, a juicio de los autores del artículo, se ha demostrado «inútil e innecesaria» y representa «un buen ejemplo de las políticas basadas en el desmedido crecimiento inmobiliario y las políticas de promoción de macro infraestructuras que caracterizaron al Estado español a partir de la década de los noventa».
A su coste económico se suma su impacto sobre la naturaleza tanto directo, por la afección a los ecosistemas destruidos, como por las consecuencias de traer a escena, por primera vez en Canarias, nuevas modalidades de políticas de «conservación ambiental». Armas-Díaz y Sabaté Bel consideran que los cambios en las políticas de conservación de la naturaleza se ponen «al servicio de los intensos procesos de urbanización y el desarrollo de grandes infraestructuras».
El análisis del puerto de Granadilla ilustra de manera ejemplar tales cambios, prosiguen los investigadores, con episodios en los que los recursos protegidos son intercambiados y deslocalizados hacia otras áreas (green-grabbing), y otros en los que se reduce o elimina la protección (un-green grabbing); ambas tienen idéntico objetivo: facilitar la urbanización y, con el mismo efecto, la destrucción de la naturaleza.
Estas observaciones se basan en la información facilitada en entrevistas con expresidentes de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, así como en conversaciones con activistas ambientales, y en la participación en reuniones, manifestaciones y encuentros con colectivos ambientalistas.
Los investigadores han consultado informes elaborados por el Observatorio Ambiental del Puerto de Granadilla, legislación y prensa. Aunque estos resultados son similares a los que reflejan investigaciones sobre casos de otras regiones europeas, una de las singularidades encontradas aquí es la importancia que suponen las protestas contra la destrucción de los recursos naturales en el ámbito insular.
Foto: cedida