Las nuevas exigencias de la Autoridad Portuaria de Las Palmas en el pliego de condiciones del servicio de remolque aprobado la semana pasada por el consejo de administración de la entidad que preside Luis Ibarra, exige a los dos concesionarios, Boluda y Fairplay, a disponer de nueve remolcadores frente a los cuatro actuales, para dar servicio a los puertos de Arrecife de Lanzarote y Puerto del Rosario. Fairplay ha presentado un extenso escrito ante la Autoridad Portuaria, en el que alega, entre otras razones, que “el único motivo que justifica tales exigencias es volver al antiguo monopolio”, informa Canarias 7.
A excepción del presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria, Antonio Morales, que al parecer no mantiene buena sintonía con Luis Ibarra, los demás miembros del consejo de administración de la Autoridad Portuaria han dado el visto bueno al nuevo pliego de condiciones.
En el citado documento se recoge que de los nueve remolcadores ahora exigidos, frente a los cuatro actuales, uno estaría situado en Arrecife de Lanzarote, otro en Puerto del Rosario, otro en Las Palmas de Gran Canaria y dos más pequeños para las operaciones de remolque y servicio a los buques que precisan reparaciones navales y operan en ASTICAN y Zamakona Yards.
Fairplay entiende que el nuevo pliego de condiciones trata de vetarlo y echarlo del mercado. Según Odiel Towage, filial española de Fairplay Towage, “mientras que el operador español, monopolista hasta hace menos de dos meses y la mayor parte de sus remolcadores inscritos en España, solo va a tener que reorganizar su flota para adaptarse a las nuevas condiciones de la prestación del servicio, ya que los requisitos técnicos exigidos se corresponden con los de su flota, el operador europeo va a tener que buscar buques que cumplan con los injustificados requisitos técnicos previstos, que no responden a la realidad actual y que va a tener que realizar los costosos trámites para inscribir estos buques en España”.
Fairplay empezó sus operaciones en el puerto de Las Palmas en marzo de 2020. A su publicación en el BOE, el pliego aprobado por la Autoridad Portuaria otorga un plazo de cinco meses para que los dos operadores se ajusten a las nuevas exigencias. A Boluda, desde luego, le sobran remolcadores, aunque adaptarse a las nuevas condiciones supondrá un incremento en la estructura de costes.
Foto: Fairplay
