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Competencia denuncia el monopolio del remolque en España

A comienzos de este año, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) divulgó un informe sobre la reserva de bandera en los servicios técnicos en los puertos españoles e insta a que esta excepción sea suprimida, de forma que  servicios como el remolque, el practicaje o el amarre puedan ser prestados por empresas y profesionales extranjeros.

Según la normativa actual, solo buques registrados en España pueden prestar servicios en los puertos españoles, caso de los remolcadores, lo cual, según la CNMC, “se trata de una medida proteccionista contraria al derecho europeo” que está provocando que estos servicios en España “estén principalmente en manos de empresas monopolísticas que cobran tarifas excesivas”.

A juicio de la CNMC, “se ha comprobado que este tipo de medidas acaban siendo ineficaces y generan conflictividad en las relaciones comerciales internacionales” y aún queda “un amplio margen de mejora”. Solo el Grupo Boluda acapara el 34% de las concesiones en los puertos, en un negocio que mueve 228 millones de euros anuales, según informa levante-emv.com.

Denuncia la Comisión que “habitualmente son empresas monopolísticas, que cobran tarifas excesivas y fijadas de forma poco eficiente, las que realizan esas actividades”, por lo que limitar la prestación de los servicios portuarios a buques con bandera española “supone fuertes restricciones a la competencia” y ello “limita la entrada de nuevas empresas, al prohibir el acceso de buques extranjeros, que podrían introducir eficiencia e innovación en el sector”.

Dicha situación, según la CNMC, “refuerza el poder de las empresas que ya están en el mercado, generalmente en régimen de monopolio. De esta forma, aumenta el riesgo de mayores precios y peor calidad del servicio” y señala que “el hecho de que la reserva de bandera se esté solicitando por la patronal de empresas instaladas y que coincida con la amenaza de entrada de empresas internacionales (en especial en el sector de remolcadores) aumenta el riesgo de ‘captura del regulador’, es decir, de que la medida responda únicamente al beneficio de las empresas que están instaladas en el mercado y no al interés general”.

Foto. Antonio Alcaraz Arbelo

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