Comienza hoy, lunes 21 de septiembre, el juicio en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife contra el empresario de origen palmero Miguel Concepción Cáceres, por un presunto delito de estafa por importe de 3,4 millones de euros, resultado del supuesto cobro irregular de subvenciones referidas al descuento de residente canario por parte de Islas Airways, aerolínea regional de la que Concepción y su familia fueron propietarios.
La Fiscalía, informa el periódico El Día, pide cuatro años de prisión y también formula cargos contra las dos hijas del propietario de la compañía, Verónica y Eloísa Concepción Rodríguez, dado que formaban parte junto a su padre del consejo de administración de Islas Airways en el tiempo en que se produjo la presunta estafa, entre 2008 y 2011. Como alternativa al delito de estafa, la Fiscalía formula acusación por delito de fraude de subvenciones, por el que pide tres años de prisión para cada uno de los procesados, señala el rotativo tinerfeño.
La denuncia fue presentada en 2012 por el Ministerio de Fomento a instancias de Binter, cuyo entonces vicepresidente, Rodolfo Núñez Ruano, así lo confirmó en una entrevista publicada en febrero del citado año en Diario de Avisos, decano de la prensa de Canarias. En el siguiente enlace se puede leer su contenido.
En reiteradas ocasiones, Miguel Concepción Cáceres, propietario de TRAYSESA y presidente del Club Deportivo Tenerife, ha manifestado sentirse tranquilo y deseoso de que llegue el momento del juicio, para aclarar todo este embrollo que le ha causado un importante daño a su imagen personal y como empresario. El momento crucial ha llegado.
En sus conclusiones provisionales, la Fiscalía enumera los hechos que considera delictivos y estima que los tres miembros del consejo de administración y la propia compañía Islas Airways, liquidaron al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que habrían correspondido por la bonificación de las tarifas aéreas a los pasajeros beneficiados con el descuento de residente canario, que entonces era del 50%.
Agrega la información del periódico El Día que el procedimiento penal y civil viene precedido de una sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que en 2015 “declaró probada la sobrefacturación y por tanto confirmó la decisión de la Dirección General de Aviación Civil de retener el pago de 4,44 millones de euros a Islas Airways y de exigirle la devolución de otros 3,09 millones”.
Foto: Alberto Pérez Fernández
